Análisis de los actos
- Verificación de la legalidad de los actos de las autoridades
- Detección de vicios de procedimiento y de fondo
- Evaluación de las posibilidades reales de éxito antes del juicio
- Definición de la mejor estrategia para anular el acto
Defensa de tus derechos frente a las autoridades
Asesoramiento y representación en todas las fases del contencioso administrativo, desde la reclamación previa hasta la sentencia firme.
Analizo el acto y el procedimiento seguido por la autoridad, te explico los pasos, los plazos y las posibilidades de éxito y elijo la estrategia adecuada: reclamación previa, suspensión o recurso de anulación.
Un enfoque claro
Cada paso, en palabras sencillas.
Plazos controlados
Procedimientos técnicos, plazos cortos.
Efectos limitados a tiempo
Multas, restricciones, retrasos.
En Iași y online
Apoyo, estés donde estés.
Servicios de contencioso administrativo
Cómo trabajo
Hablamos de tu situación, reviso los documentos y te explico tus opciones.
Definimos los pasos adecuados y hablamos de riesgos y costes.
Preparo los documentos o te represento en negociaciones y en juicio.
Te mantengo informado y adapto la estrategia a la evolución del caso.
Por qué consultar
Los actos de las autoridades públicas pueden afectar seriamente a tus derechos. Una estrategia bien construida permite anular los actos ilegales y restablecer los derechos vulnerados.
En breve
¿Más preguntas? Podemos hablar de tu situación.
Para el destinatario de un acto administrativo individual, la reclamación previa se presenta en 30 días desde su comunicación; motivos fundados permiten presentarla después, como máximo seis meses desde su emisión (art. 7, apartado 1 de la Ley n.º 554/2004). Para quien resulte perjudicado por un acto dirigido a otro, los 30 días y el límite de seis meses por motivos fundados corren desde el conocimiento del contenido (apartado 3). Para actos normativos, puede presentarse en cualquier momento (apartado 1¹). Deben comprobarse excepciones y leyes especiales.
En la mayoría de los casos, sí: antes de acudir a los tribunales debes pedir a la autoridad que dictó el acto que lo revoque. Sin este paso, la demanda puede inadmitirse. Hay excepciones, así que conviene revisar cada caso.
Según el régimen general del art. 11 de la Ley n.º 554/2004, los seis meses corren, según el caso, desde la comunicación de la respuesta a la reclamación previa o del rechazo injustificado, el vencimiento del plazo legal de respuesta o el conocimiento del contenido cuando ya no es obligatoria la reclamación previa. Para actos individuales, motivos fundados pueden permitir superar los seis meses, pero dentro de un año desde la comunicación, el conocimiento del acto o la solicitud inicial, según corresponda; no es automático. Los actos normativos ilegales pueden impugnarse en cualquier momento, respetando el procedimiento previo aplicable (art. 11, apartado 4). Las leyes especiales pueden fijar otros plazos.
El plazo general de respuesta es de 30 días desde el registro, salvo otro plazo legal (art. 2, apartado 1, letra h de la Ley n.º 554/2004). Vencido el plazo aplicable, la falta de resolución puede impugnarse conforme a la ley; el tribunal puede ordenar resolver la solicitud o emitir el acto si se cumplen los requisitos. No toda ausencia de respuesta tras 30 días sigue el mismo régimen.
Sí, puedes pedir la suspensión de la ejecución del acto (art. 14 de la Ley n.º 554/2004). Deben darse a la vez dos condiciones: un caso bien justificado, es decir, una duda seria sobre la legalidad del acto, y la necesidad de evitar un daño inminente.
Un medio por el que, en un proceso en curso, puedes pedir al tribunal que examine la legalidad de un acto administrativo individual utilizado en tu contra (art. 4 de la Ley n.º 554/2004), aunque el acto no se haya impugnado directamente.
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